Desde los intentos de Belgrano por promover el cultivo industrial del cannabis en el siglo XIX hasta la aprobación de la Convención Única de Estupefacientes por las Naciones Unidas en 1961, que llevó a la prohibición global de la planta, Argentina ha atravesado un complejo camino en relación con el cannabis.
En 1983, con el advenimiento de la democracia en Argentina, la revista El Porteño lideró la demanda por la legalización del cannabis, desencadenando una marcha en Buenos Aires que fue reprimida por las autoridades, reflejando las tensiones de un país emergiendo de una dictadura.
En época de un gobierno inconstitucional, que no permitía la libre expresión ni abría el debate a la posibilidad de hablar sobre cannabis, fue un verdadero acto revolucionario aquella marcha que fue semilla del movimiento masivo que conocemos hoy en día.
En pocas palabras, este episodio marcó el comienzo del movimiento por la legalización del cannabis en Argentina, aunque su consumo en esa época no era tan generalizado como en estos años.
Además, había una tensión entre la restauración de las garantías democráticas y la creciente preocupación por la seguridad ciudadana, como lo refleja la Ley 23.737 de 1989, que abordó la cuestión de los estupefacientes en un contexto de cambio político y social en el país.
A lo largo de las décadas, se han implementado diversas reformas legislativas e institucionales, reflejando la evolución del debate sobre el cannabis y su regulación en Argentina. Sin embargo, el tema sigue siendo relevante y controvertido en la actualidad, más allá de lo conquistado con la ley 27.350 y el REPROCANN, destacando la necesidad de un enfoque equilibrado que aborde tanto la prevención de riesgos como el respeto a los derechos individuales, la seguridad pública y el acceso a la salud.
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